El fomento de la iniciativa legislativa popular que mediante el presente proyecto de ley se persigue viene avalado por la intensificación de la legislación que en ese sentido se ha promulgado recientemente tanto a nivel nacional como supranacional.
Ya la Constitución Española hace 33 años y adelantándose a las actuales corrientes recoge en el art. 9.2 la necesidad de que los poderes públicos promuevan la participación ciudadana estableciendo dicho criterio como pilar básico del sistema democrático español.
Es la participación ciudadana en la esfera pública la herramienta imprescindible para poner en concordancia la labor del legislador y de la administración con los ciudadanos, de modo que:
- De una parte los poderes públicos puedan conocer de primera mano las necesidades y propuestas de quienes van a ser al fin y al cabo los destinatarios de su gestión,
- y de otro lado, el ciudadano, a través de su participación activa se implique en el proceso legislativo asumiendolo como propio, derivando en definitiva en el afianzamiento de una democracia más deliberativa, perfeccionando los valores democráticos e innovando la gobernabilidad.
En los últimos años, la legislación internacional viene reclamando como una necesidad imprescindible para el desarrollo y la modernización de las democracias, abrir y afianzar los cauces por los que el ciudadano sea partícipe de todos los aspectos de la vida pública. Sirvan a modo de ejemplo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 30 de marzo de 2010, el Libro Blanco para la Gobernanza Europea de 2001, y las recomendaciones de las comunicaciones de la Comisión Europea sobre una nueva cultura de consulta y diálogo de 2002, en cuyos textos se recoge de un modo u otro la necesidad de implementar mecanismos de participación ciudadana como signo de identidad de las modernas democracias.
Adentrándonos de nuevo en nuestras propias fronteras, apenas dos leyes recogen esta tendencia legislativa a nivel autonómico:
- La pionera, la ley 11/2008 de participación ciudadana de la Comunitat Valenciana,
- y más recientemente, la ley 5/2010, ley Canaria de fomento de la participación ciudadana,
ambos textos de reciente promulgación, situando a dichas Comunidades Autónomas a la vanguardia del desarrollo legal de la participación ciudadana.
Pero nuestra comunidad autónoma no debe ser menos, y es ahora, cuando la sociedad exige un cambio que aproxime la democracia a los ciudadanos, cuando movilizaciones ciudadanas inundan las plazas y los barrios, cuando cientos de plataformas en pueblos y capitales de toda la nación, se alzan en un movimiento pacífico sin precedentes en el constitucionalismo español, es en estos momentos, cuando se hace imprescindible una reacción por parte de gobiernos y administraciones, atendiendo el deseo expresado por el común de la ciudadanía, y llevando a la práctica, a través de la legislación correspondiente, ese clamor popular que exige una democracia real ya.
Bien es sabido, que desde el 15 de mayo, se ha ido gestando un proceso paulatino, que comenzó con unos pocos indignados reunidos en plazas de toda la nación, y que se ha convertido en un grito que ha llegado a ser oído y apoyado incluso fuera de nuestras fronteras. Un grito que pide, que exige, un cambio en los valores democráticos, que exige la modernización de las instituciones públicas, a las que se les pide que abran auténticos cauces mediantes los cuales, la voz de todos pueda ser oída, la participación ciudadana en la vida pública no quede limitada a una mera declaración de principios y que se articulen los mecanísmos necesarios para que la comunicación entre gobierno y ciudadanía, sea continua, fluida, bidireccional y dinámica, facilitando la gobernabilidad, modernizando la democracia, y consensuando los valores que han de regir la vida social, política y económica de nuestra Comunidad Autónoma.
Queda ahora en manos de nuestro Parlamento Autonómico atender la demanda de aquellos que les han otorgado la legitimidad que ostentan. Como representantes nuestros en el gobierno andaluz, esperamos y deseamos que lleven a cabo las reformas que se solicitan, que oigan el clamor unánime de la ciudadanía y que actuando como tales representantes, lleven nuestra voz al Parlamento y articulen los mecanismos necesarios para que esa voz sea amplificada, escuchada, comprendida y debidamente gestionada.
Desde el corazón de todas las plazas de Andalucía, desde todos los hogares andaluces, por cada uno de los vecinos de nuestra tierra, esperamos que esta iniciativa legislativa no quede, como tantas otras, olvidada en un cajón, debatida brevemente y condenada al abandono, porque está en sus manos, en manos de nuestros legítimos representantes hacer eso para lo que han sido elegidos, representarnos y darnos voz donde no la tenemos.
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