sábado, 14 de abril de 2012

Criminalizar la protesta civil atenta contra los Derechos Humanos

M.I. MInistro del Interior don Jorge Fernandez Diaz:

La reforma del Código Penal prevé una pena mínima y prisión provisional para quienes convoquen manifestaciones que sean consideradas como "violentas" por Internet.

También se criminaliza a protesta civil calificando la resistencia pasiva como "delito de integración en organización criminal" que podrá ser penado hasta con 4 años y prisión provisional.

Ante esta reforma es importante recordar el Artículo 21 de la Constitución Española:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

El Estado español debe garantizar que las personas pueden protestar de forma pacífica, difundir información y criticar a los propios gobiernos respecto a la protección o promoción de los derechos humanos.

Estas reformas atemorizan a la población, y les impulsa a no protestar y aceptar la pérdida de Derechos Fundamentales que se impulsa desde los mercados financieros, con la complicidad de instituciones europeas, españolas e internacionales. 

Aprobar leyes que fueron derogadas hace 50 años no significará mayor seguridad para los españoles, ni siquiera para los que no protestan. Significará aumentar la crispación, la protesta y objeción de conciencia ante los abusos que maltratan a las personas más débiles de nuestra sociedad.

Sr. MInistro, no apague el fuego con gasolina. Las Instituciones están para defender a los ciudadanos ante los poderosos, no para ayudar a los poderosos a quebrar la dignidad de las personas. Si no acepta argumentos lógicos y razonables, al menos, lea los siguientes tratados internacionales, que son vulnerados por su reforma, y en cuyo fundamento será denunciado el Reino de España por Violación de los Derechos Humanos. 







martes, 3 de abril de 2012

El reglamento Europeo sobre las ILP pone en evidencia el déficit democrático español en participación política

Sorprendente. Una luz de esperanza. Por fin nos llega una buena noticia de la Unión Europea, cuyo comportamiento durante los últimos 3 años se ha limtado a terminar con derechos conseguidos por los europeos durante 60 años, obedeciendo el mandato de los mercados financieros. El pasado lunes se presentó la primera iniciativa legislativa ciudadana europa, amparada en el Reglamento Europeo 211/2011, que entró en vigor ese mismo día.
El derecho comparado nos sirve muchas veces para calibrar el retraso de la sociedad española con respecto a nuestros vecinos europeos. En el ámbito de la participación ciudadana en los asuntos públicos, no existe un retraso, sino un abismo entre las posibilidades de los europeos de participar en la vida pública y los españoles.




Pero el agravio no sólo es cuantitativo, tambien es material y formal. La iniciativa europea apenas tiene limitaciones más allá de que “no sea manifiestamente, abusiva, frívola, temeraria, o contraria a los valores democráticos de la Unión establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea” dentro de sus competencias. Por el contrario, la Ley española prevee una serie de limitaciones al ejercicio de este Derecho Fundamental, que en la práctica se limita a proponer leyes de escasa importancia para la vida pública. De esta forma la Ley española veta las inicitivas ciudadanas sobre las siguientes materias (A estos vetos tendremos que sumarles las limitaciones que imponen las repectivas leyes autónomicas)





Derechos Fundamentales

Las de naturaleza tributaria.

Las de carácter internacional.

Las referentes al indulto

Las refereidas a la planificación de la actividad económica

Cualquier materia incluida en los Presupuestos Generales del Estado



La Unión Europea permite el apoyo real a las iniciativas a través de internet, y dota a los ciudadanos de los medios materiales para hacerlo. La recogida on line de apoyos resulta de especial importancia en nuestros días. Pero esta posibilidad debe ser efectiva y real. En España la exigencia del certificado digital emitido por la fábrica nacional de moneda y timbre hace practicamente imposible el apoyo a través de internter. En contraste, la Unión Europea, pone a disposición de todos los ciudadanos el software necesario para la recogida y certificación de firmas, en un formato de sofware libre lo que les permite no sólo utilizarlo, sino adaptarlo a sus necesidades.

Como puntos delicados a tener en cuenta, una de las críticas que se realiza a la iniciativa ciudadana es que en determinados casos puede esconder oscuros intereses económicos, bajo el disfraz de una comisión de ciudadanos. Este es el motivo que lleva a la Unión Europea a hacer públicas todas las ayudas financieras recibidas por la comisión promotora, de forma que la transparencia se convierte en uno de los pilares más importantes de la la iniciativa.


Asimismo, con el fin de proteger los datos personales de las personas que apoyan la iniciativa, los promotores se comprometen a destruir en el plazo de mes mes todos los datos personales de los apoyos que han recabado.


Todos estos aspectos, nos llevan a concluir que los poderes públicos españoles impidan y limitan la participación de los ciudadanos en las decisiones públicos, mientras que la Unión Europea intenta cohesionar a los ciudadanos de la Unión a través de mecanismos de participación ciudadana, que serán, sin lugar a dudas, instrumentos útiles de nuestra convivencia es sociedad.








No obstante todo lo anterior, es compresible los recelos que puedan mostrar las personas que habitan Europa, puesto que ya nos habíamos acostumbrado a ver la Unión Europea como un mero sicario de los mercados.


La comparativa entre el Reglamento europeo y la Ley Orgánica 3/1984, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, nos lleva necesariamente a concluir que España es un país donde los gobernantes no se fían de los ciudadanos, a los que tratan como subditos, incapaces de participar en la vida pública.


No debemos olvidar que la Ley debe ser la expresión de la voluntad popular. Sin embargo, hemos visto como se ha convertido en la expresión de los intereses de los poderosos.

La creciente desafección de los ciudadanos a sus instituciones, se debe a la distancia entre los ciudadanos y sus representantes, cuya única voluntad es la de los mercados.
España aprobó su obsoleta Ley en 1984. Entonces pedía medio millón de firmas para que la iniciativa fuera admitida a trámite por el Congreso. Es decir, en todo caso, los parlamentarios deben enmendar y decidir la aprobación de la norma. Este número de firmas significaba el 1,28 % de la población española. La Unión Europea apenas pide un millón de firmas, que apenas significan el 0,002% de sus 500 millones de habitantes. Si España acogiera como propios los estándares democráticos europeos, tan sólo pediría 94,380 firmas de apoyo para la admisión a trámite de la iniciativa.